Los US$ 1.500 millones que recaudará Sebastián Piñera cuando venda su 26% de la aerolínea Lan Airlines,  ocasionaron ayer el primer impasse en su equipo asesor.

Por la mañana, Fernando Barros, abogado personal de Piñera y presidente de Axxion, sociedad que controla el 19% de Lan, dijo que los recursos que se obtengan con la venta de sus acciones, proceso que se ejecutará en febrero, no serían depositados en un fideicomiso ciego, instrumento que permite una administración profesional de los fondos sin que el mandante sepa el destino de las inversiones.

"No tenemos contemplado que estos recursos vayan a un fideicomiso, sino que serán invertidos en instrumentos muy líquidos, muy amplios, en Chile y en el extranjero, cuidando de no tocar ningún área de conflicto de interés con el puesto de Presidente", dijo Barros.

El diseño relatado por el abogado consideraba que Axxion -sociedad en cuyo directorio están también los hijos de Piñera, su socio José Cox y los ejecutivos de Bancard Nicolás Noguera y Santiago Valdés- invirtiera los nuevos dineros en instrumentos que no generaran conflictos, como pagarés, letras hipotecarias, cuotas de fondos mutuos, en Chile y el extranjero.

Barros envió por la tarde un comunicado precisando sus dichos, tras la molestia que sus primeras declaraciones ocasionaron en el entorno piñerista, pues apuntaban a un plan que el Presidente electo no tenía pensado.

El abogado aclaró que se deben distinguir las responsabilidades y obligaciones de Axxion de aquellas de sus accionistas, en particular de la familia Piñera, dueña del 99% de la firma a través de Inversiones Santa Cecilia. Y sostuvo que los fondos que reciba Inversiones Santa Cecilia por la venta de los títulos de Lan serán administrados dentro del compromiso de Sebastián Piñera de eliminar eventuales conflictos de interés, que pudiesen distraerlo de su rol como Presidente, "considerándose la constitución de un nuevo fideicomiso ciego o su aporte a los ya existentes".

En abril de 2009, las sociedades de Piñera suscribieron contratos con varios administradores profesionales para manejar sus inversiones. El empresario transfirió a las corredoras de cuatro bancos de inversión -Celfin Capital, LarrainVial, Moneda y Bice- las acciones de varias sociedades anónimas. En esos pactos se establecieron algunas prohibiciones: no comprar acciones de empresas de servicio público con tarifas reguladas por el Estado e Isapres y no tener más del 2,5% de una compañía. "El mandante renuncia en este acto y de forma irrevocable a ser informado por el administrador respecto de la situación de los negocios encomendados", dicen los textos firmados hace nueve meses.