Piden retirar pedido de deportación de peruanos ilegales afectados por terremoto

El secretario del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, Raúl Paiba, exigió al alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, que retire el pedido de deportación  de los ciudadanos peruanos que quedaron sin casa a raíz del terremoto del 27 de febrero.

Zalaquett fundamentó su solicitud la Dirección de Extranjería del Ministerio del Interior en que los inmigrates "se han quedado sin trabajo y son una carga para el país".

El alcalde explicó que su petición se refiere a los ilegales y agregó que "algunos migrantes se están aprovechando de la solidaridad de los chilenos".

"A mi me parece que ya basta: Si gente de otro país quiere vivir en Chile, que lo hagan legalmente y sobre todo que no abuse de irse a instalar en las plazas", señaló Zalaquett.

Paiba denunció que la actitud de Pablo Zalaquett la comparten  los alcaldes de otras comunas metropolitanas, como Estación  Central, Independencia y Recoleta, todas ellas habitadas por un  importante número de peruanos.

A su vez, el presidente de la entidad, Rodolfo Noriega,  proyectó en 2.500 las familias de peruanas afectadas por el  terremoto en Santiago y Concepción, según una encuesta de la  Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica  Metropolitana en 24 manzanas de Santiago.

Allí detectaron 500 familias -dos mil personas- peruanas afectadas, informó Noriega a ANSA.

El Comité de Refugiados planteó el ánimo de su comunidad, a  "participar en la reconstrucción nacional".

Pero, para que la propuesta resulte efectiva pidieron "una  amnistía migratoria, que los migrantes puedan contar a lo menos  con un período extraordinario para regularizar su situación en  el país y así poder trabajar en todo el proceso de  reconstrucción".

También estimaron "fundamental la exención de sanciones y  multas para que la gente pueda regularizar su estadía o retornar al Perú, porque hay gente que quiere regresar y no lo  puede hacer porque se encuentra con una serie de dificultades  administrativas, entre ellas pagar multas".

"Pese a que algunos son indigentes, están dispuestos a pagarse  su pasaje y nosotros a ayudarlos", afirmó Noriega.

"Por un lado tenemos un alcalde que plantea abiertamente  medidas represivas, como la expulsión, que no resuelve nada de los problemas derivados del terremoto y por otra hay gente que  se quiere ir pero no se le permite", reflexionó.

Noriega agregó que "el consulado recién está canalizando una  ayuda directa del gobierno peruano a sus connacionales, pero  sólo para los registrados, lo que deja fuera los ilegales".

En Chile viven más de 120 mil peruanos y menos de la mitad tiene regularizada su situación.